Estimado colaborador: por razones ajenas a su desempeño...

Lo que une estos casos no es la causa declarada. Es la estructura del argumento: eficiencia, presión financiera e inteligencia artificial operan como lenguajes intercambiables que justifican el mismo movimiento. Y hay evidencia creciente de que el trabajo eliminado no siempre desaparece — en muchos casos regresa, con distintos títulos, a menor costo. El Burning Glass Institute documentó el mecanismo con precisión: entre 2018 y 2024, la participación de empleos con tres años de experiencia o menos se desplomó en los campos más expuestos a IA — desarrollo de software pasó de 43% a 28%, análisis de datos de 35% a 22%, consultoría de 41% a 26% — mientras el total de postulaciones en esos mismos campos se mantuvo estable o creció. Las empresas no están necesariamente contratando menos. En muchos casos están contratando distinto. Y más barato.

En Chile, el desglose por empresa permite ver la escala del fenómeno.

Movistar Chile — cuya operación pasó a control de Millicom — desvinculó al menos 700 trabajadores, con estimaciones internas que elevan esa cifra hasta 1.000, en el marco de una reestructuración orientada a llevar la operación a flujo de caja neutral tras pérdidas acumuladas. Correos de Chile eliminó 600 cargos — cerca del 10% de su dotación — en el contexto de pérdidas por $692 millones en el primer semestre de 2025. AES Chile redujo su planta en más de 130 personas, equivalente a aproximadamente el 10% de su fuerza laboral local, en el marco de un plan de eficiencia asociado al reordenamiento de su portafolio eléctrico. Parque Arauco desvinculó alrededor de 60 trabajadores en un proceso que la empresa describió como "reorganización" orientada a la transformación digital. En Cencosud, coordinadoras sindicales denunciaron cerca de 1.000 despidos en el transcurso de una semana — cifra que la empresa no confirmó oficialmente y que debe tratarse como estimación sindical.

En ninguno de estos casos la empresa detalló formalmente en sus comunicaciones públicas la causal legal invocada en las cartas individuales de despido — lo que, en este tipo de procesos, corresponde típicamente al artículo 161 del Código del Trabajo.

Lo que estas desvinculaciones tienen en común no es necesariamente lo que cada empresa hizo internamente — eso no es posible verificarlo desde afuera. Lo que sí es verificable es el marco legal en el que todas operaron: uno que, a diferencia de los sistemas europeos con codecisión sindical obligatoria, no exige en Chile que el empleador acredite la causa antes de ejecutar el despido ni que distinga entre reestructuración financiera, modernización tecnológica real o reconfiguración de costos laborales. Esa exigencia, cuando existe, llega después — si el trabajador litiga.

El resultado es un sistema cuya configuración genera opacidad por diseño, no necesariamente por intención. Las empresas se atienen a lo que la ley les exige. Y la ley actual no está diseñada para llegar al nivel de detalle que permita hacer la distinción real de la causal del despido.

La formulación del artículo 161 es deliberadamente amplia: "necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, tales como las derivadas de la racionalización o modernización de los mismos, bajas en la productividad, cambios en las condiciones del mercado o de la economía, que hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores."

No menciona la automatización. Tampoco necesita hacerlo. "Modernización" es suficiente.

Los datos de la Dirección del Trabajo sobre esos 500.000 desvinculados muestran un alza de 6,9% respecto a 2024 y picos mensuales superiores al 20% en algunos períodos. Lo que esos datos no pueden decir es cuántos respondieron a una reconfiguración salarial que el artículo 161 hace jurídicamente indistinguible de la automatización real o la presión financiera de corto plazo.

La Corte Suprema ha exigido — mediante jurisprudencia reiterada, entre ella el Rol N° 35.742-2017 — que el empleador acredite la existencia de procesos reales de racionalización o modernización. Pero esa exigencia opera en el litigio, no en el momento del despido. La carga probatoria se activa cuando el trabajador impugna, inicia un juicio y llega a una instancia donde el empleador debe sustentar lo que dijo en la carta. La mayoría de los trabajadores desvinculados nunca litiga.

El Boletín N° 16.538-13, ingresado en enero de 2024, propone agregar un inciso al artículo 161 que prohibiría invocar "necesidades de la empresa" por modernización cuando ésta implique automatización de funciones sin que el trabajador haya recibido capacitación previa. El proyecto crea además nuevas normas sobre procesos de automatización laboral. Sigue en primer trámite en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara. Sin aprobación registrada.

Existe al menos una segunda moción que propone reescribir el inciso primero del artículo 161 para exigir que la causa se funde en antecedentes técnicos o económicos de carácter objetivo, que el empleador los acredite en la carta de despido — no después, en el juicio — y que eleva al 100% el recargo indemnizatorio cuando el despido sea declarado improcedente. En octubre de 2025, el proyecto fue objeto de gestiones para su reactivación en el Congreso. Sigue en primer trámite.

Dos proyectos. Más de un año en comisión. Sin urgencia legislativa asignada.

Hay una hipótesis que circula con creciente respaldo empírico en el análisis del mercado laboral global y que las narrativas oficiales de los despidos raramente incluyen: que una parte significativa de esta ola no tiene como objetivo principal reducir dotación, sino resetear las expectativas salariales del mercado.

El mecanismo observado es el siguiente. Una empresa elimina posiciones senior con salarios acumulados durante años de mercado laboral ajustado — especialmente el período 2020-2022, cuando la competencia por talento disparó las compensaciones. El trabajo no desaparece: en muchos casos se redistribuye entre contrataciones nuevas, con títulos distintos, a valores recalibrados hacia abajo. Forrester Research lo documentó con precisión: predice que más de la mitad de los despidos atribuidos a IA serán revertidos silenciosamente, y que ese trabajo será reasignado predominantemente a trabajadores de menor salario, offshore o a remuneraciones inferiores a las originales.

No es optimización de la fuerza laboral. Es, en la formulación del propio reporte de Forrester, compresión salarial con narrativa tecnológica.

Los datos estructurales del Burning Glass Institute son consistentes con esta hipótesis en los mercados donde hay evidencia: los empleos de nivel de entrada en campos expuestos a IA colapsaron entre 2018 y 2024, mientras el volumen total de postulaciones se mantuvo y la contratación senior permaneció relativamente estable. Las empresas no están automatizando el trabajo de todos. En muchos casos están reconfigurando la escala salarial desde abajo, donde el costo es menor y la negociación del candidato es más débil.

La inteligencia artificial cumple aquí una función precisa en el argumento empresarial: es la razón por la que la experiencia acumulada ya no tendría el valor que tenía. Si la IA puede asistir o eventualmente reemplazar parte del juicio experto, entonces pagar la prima asociada a ese juicio se vuelve cuestionable — independientemente de si esa promesa tecnológica es hoy real o solo proyectada. El argumento opera igual en ambos casos.

Para Chile, esta dimensión se cruza directamente con el artículo 161: el marco legal no solo hace innecesario distinguir entre automatización real y presión financiera. También hace innecesario admitir que una decisión de estructura de costos fue tomada bajo el paraguas de "modernización". La causal absorbe todo.

Cuando se habla de los despidos masivos, el debate se centra en las empresas — sus justificaciones, sus resultados financieros, sus planes de reestructuración. Raramente se calcula lo que ocurre del otro lado: qué le pasa a la economía cuando 500.000 personas pierden su empleo formal en el plazo de un año.

La respuesta tiene dos dimensiones que el debate público chileno sobre automatización sistemáticamente omite.

La primera es fiscal. Un trabajador formal con contrato es, simultáneamente, contribuyente de impuesto de segunda categoría si supera los tramos exentos, pagador de cotizaciones previsionales, y consumidor cuyo gasto genera recaudación de IVA. Cuando ese trabajador pierde su empleo, las tres fuentes se interrumpen o se contraen. El IVA es el principal componente de los ingresos tributarios del Estado chileno. Según el diagnóstico del sistema tributario del Servicio de Impuestos Internos, representa el 50,4% de la recaudación tributaria total — dato que la Dirección de Presupuestos confirma al señalar que el tributo al consumo aporta "casi la mitad" de los ingresos tributarios del Gobierno Central. Un desempleo masivo concentrado en trabajadores formales de renta media no es solo un problema social: es un problema de caja fiscal que no aparece en ningún informe de productividad empresarial.

La segunda es macroeconómica. El consumo de los hogares es el principal componente de la demanda interna chilena. Cuando trabajadores formales de ingresos medios pasan al desempleo o a empleos informales de menor remuneración, su capacidad de consumo cae. Esa caída afecta la demanda que sostiene a las mismas empresas que ejecutaron los recortes. La eficiencia individual de cada empresa puede coexistir con una demanda agregada debilitada que eventualmente las alcanza a todas.

Ningún comunicado de reestructuración incluye ese cálculo. Ningún análisis de eficiencia operacional lo contempla como costo. Y ninguna normativa vigente exige que se haga.

Hay una pregunta que subyace a todo este análisis y que la filosofía lleva siglos intentando formular con precisión: ¿en qué momento el ser humano dejó de ser el propósito de la técnica y se convirtió en su obstáculo?

Martin Heidegger lo describió con el concepto de Gestell — "enmarcamiento" o "estructura de emplazamiento". La técnica moderna, argumentaba, no es simplemente un conjunto de herramientas. Es un modo de ver el mundo en el que todo se convierte en recurso disponible para ser optimizado y reemplazado cuando deja de ser eficiente. El ser humano no escapa a esa lógica: dentro del Gestell, el trabajador es un insumo entre otros, utilizable mientras su costo-beneficio sea favorable.

Gilbert Simondon, filósofo francés contemporáneo de Heidegger, llegó a una conclusión distinta desde un punto de partida diferente. Para Simondon, la oposición entre hombre y máquina es una falsa dicotomía construida sobre ignorancia mutua. La cultura occidental, señalaba, se ha constituido como sistema de defensa contra las técnicas — presentando esa resistencia como defensa de lo humano, cuando en realidad perpetúa la alienación de ambos lados. Lo que Simondon no pudo anticipar es lo que ocurre cuando esa grieta entre quien diseña la automatización y quien la sufre se vuelve deliberadamente rentable: cuando cerrarla costaría transparencia que nadie está obligado a ofrecer.

Ortega y Gasset sostenía que la tecnología siempre tuvo como meta el bienestar humano — pero que el concepto de bienestar es cultural e históricamente variable. La pregunta no es si la tecnología sirve a los humanos. Es qué humanos, en qué momento, definen qué significa servir.

Vetus y nova. Lo viejo y lo nuevo. Lo que se pierde y lo que llega. La tensión no es nueva. Lo que cambia es la velocidad con que se ejecuta y la sofisticación con que se justifica.

Hay una pregunta que este artículo no puede responder porque nadie tiene los datos para hacerlo: de los 500.000 trabajadores desvinculados bajo el artículo 161 en 2025, ¿cuántos perdieron su empleo por automatización real, cuántos por presión financiera de corto plazo y cuántos porque la empresa decidió que su salario ya no era compatible con lo que el mercado — según ella misma — debería pagar por ese trabajo?

No hay forma de saberlo. El sistema no lo exige. La ley no lo distingue. Y los proyectos que proponían hacer esa distinción llevan más de un año esperando en comisión.

Mientras esa distinción siga siendo jurídicamente irrelevante, el debate sobre automatización en Chile seguirá siendo un debate sobre tecnología; cuando debería ser un debate sobre cómo la misma impacta a su sociedad y bienestar.